Sobre los registros de pedófilos en el mundo

Por Viviana Candia y Miguel Ortiz

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso ayer crear un registro web de abusadores sexuales, con la intención de tener acceso a la identidad de quienes han sido condenados por delitos en contra de menores.

Así, el foco se pretende poner en la protección a las víctimas... encendiendo, de paso, un debate ideológico entre los parlamentarios que deberán analizar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo: ¿tiene este tipo de delincuentes derecho a cierta protección de sus datos personales? (ver nota aparte).

Pero ya la experiencia internacional muestra algunas respuestas que se han dado en otras sociedades, que van desde la extrema liberalidad norteamericana hasta formatos más restrictivos como Argentina.

Abusadores georreferenciados

Y la mayor exposición pública a la que puede estar expuesto un abusador sexual tiene lugar en Estados Unidos.

A través de internet -y en una iniciativa que cubre a todos los estados del país- se puede encontrar el nombre, la dirección y los delitos por los que fue condenado cualquier pedófilo o violador.

Algunos servicios online, incluso, publican la fotografía del rostro: se trata del "mapa de abusadores sexuales", avalado por ley desde el año 2001.

Así se puede, por ejemplo, rastrear a abusadores en la página «Family Watch Dog» (http://www.familywatchdog.us): en una zona geográfica se ponen puntos para mostrar dónde hay abusadores infantiles; secuestradores, etc. Basta pinchar uno de ellos para tener los detalles de aquellas personas que hayan sido condenadas en el pasado y ahora estén libres (o cumpliendo su condena en libertad).

¿Para qué? Para saber si viven cerca del propio barrio, si conducen el furgón escolar, si atiende el kiosco de caramelos... o simplemente para estar atentos a los "vecinos potencialmente peligrosos".

El estado libre asociado de Puerto Rico mantiene su propio registro de depredadores y ofensores sexuales.

Data del año 2004 y además de identificar a los abusadores, se actualiza la información sobre domicilio, prontuario y fotografías. No obstante se advierte que la información se entrega a ciudadanos interesados "con el propósito de ayudarlos a autoeducarse sobre la posible presencia de tales ofensores en su comunidad". Pero advierten que la presencia de un ofensor en este banco de datos no es indicativo de que pueda representar un riesgo para otros.

En Europa propician un listado comunitario

En otras latitudes del mundo también se está trabajando arduamente en endurecer las leyes contra los abusadores sexuales: La Unión Europea ya elabora un "registro de pedófilos", cuyo principal objetivo es evitar que los condenados por delitos sexuales contra menores en un país se trasladen a otro y vuelvan a reincidir.

La iniciativa europea proviene de Bélgica: la falta de sincronización en la materia permitió que Michel Fourniret -un ciudadano francés condenado por pedofilia- disfrutara de su libertad condicional en Bruselas... donde continuó, por años, violando y asesinando menores de edad.

El ministro holandés de Justicia, Piet Hein Donner, ha manifestado que el principio de libre circulación de personas dentro del territorio de la Unión Europea permanecerá incólume, pero que se creará un sistema mediante el cual se puedan averiguar los antecedentes penales de ciertas personas. Anticipándose al reglamento europeo, Alemania, Francia y España ya crearon una red de intercambio de información entre ellos.

Argentina ya tiene registro

En el cono sur, a principios de año la Corte Suprema argentina reglamentó la ley que aprobó la Cámara de Diputados y que crea un registro de violadores sexuales y también un banco para archivar los datos genéticos.

Dicha base de datos contendrá antecedentes de los ADN y sólo podrá ser consultado por funcionarios judiciales, del Ministerio de Seguridad y por fuerzas policiales. Es decir, no podrá ser de uso de la ciudadanía.

El debate ideológico que se viene: ¿publicar datos o proteger identidad?

El diputado Cristián Monckeberg (RN) , más allá del respaldo que le otorga al proyecto de ley del Ejecutivo, anuncia que "el debate parlamentario en torno al tema será complicado, porque existen cuestiones de fondo involucradas: ¿es mejor apostar por la prevención y protección de las posibles víctimas o se debe velar por el derecho a la privacidad de los datos personales de los abusadores?"

El parlamentario plantea entonces que "quizás sea conveniente que los datos sean borrados una vez que la persona haya cumplido su condena, pensado en la posibilidad de reinserción (...) Aunque hay quienes plantean que esto se trata de una suerte de enfermedad incurable".

Así lo cree, por ejemplo, el senador Jaime Quintana (PPD) , quien en 2003 planteó crear un registro público de abusadores sexuales: "Cuesta pensar en que este tipo de conductas se abandonan. Soy partidario de jugárnosla por la protección de los menores y no por el derecho a la protección de los datos de delincuentes sexuales... no se trata de estigmatizar a los abusadores y poner afiches con sus caras en cada poste, pero sí que haya una lista que todos podamos consultar".

Y, junto con destacar las facilidades que brinda hoy la tecnología para realizar estos catastros, finaliza: "Tenemos entonces que estar a la altura de países como Estados Unidos o México".

Más cauto, el diputado Felipe Harboe (PPD) , estima que "el registro de abusadores no debería ser totalmente abierto, sino que tengan acceso las entidades persecutoras (policías, fiscalías, etc.) y aquellas personas que requieran hacer una consulta específica... como cuando una madre quiere saber si el tipo que maneja el furgón escolar de su hijo tiene antecedentes penales, o si la 'tía' del jardín infantil tiene un historial oscuro". Lo otro, añade Harboe, "puede transformarse en una caza de brujas que derive hasta en una escalada de violencia en los diferentes barrios en contra de los vecinos con malos antecedentes".